¿Están los americanos al borde de una guerra civil?

En esta última semana antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la opinión pública estadounidense e internacional está completamente centrada en las encuestas, que revelan un empate sin precedentes entre los dos candidatos en la contienda más incierta de la historia de Estados Unidos. Teniendo en cuenta los límites de los poderes presidenciales, los programas electorales y la inercia estratégica de los aparatos del Estado, podemos prever que – sea cual sea el resultado – poco cambiará en el panorama político interno. Previsiblemente, los cambios apenas perceptibles se darán en ámbitos como la economía y los impuestos, la sanidad y el bienestar, la justicia social y los derechos civiles, las políticas energéticas y el medio ambiente. Podría haber algún cambio mayor en política exterior, en relación con China, Europa, la OTAN y las posiciones frente a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, pero es poco probable que haya giros de rumbo significativos.

Lo que más debería preocupar a la opinión pública mundial no es esta última semana antes de las elecciones ni las fluctuaciones en las encuestas, sino las semanas posteriores y la cuestión, mucho más importante, de si el perdedor aceptará el resultado. Una encuesta nacional de Rasmussen revela que el 41% de los votantes cree que Estados Unidos podría enfrentarse a una guerra civil, especialmente si Trump pierde las elecciones. ¿Acabaron entonces, con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los pacíficos y caballerosos traspasos de poder? ¿Cómo se ha llegado a esta deslegitimación del proceso electoral y de las instituciones republicanas?

Buscar el origen de este fenómeno nos obliga a retroceder en el tiempo. La deslegitimación es un proceso progresivo, complejo y estratificado que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas.

Ya en 1965, la Ley del Derecho al Voto – que ampliaba los derechos democráticos de las minorías en respuesta a las prácticas segregacionistas promovidas por instituciones locales y estatales, que durante décadas habían privado a los afroamericanos del derecho al voto y de una participación equitativa en la vida pública – provocó una fuerte reacción en sectores de la población conservadora blanca, especialmente en el sur, alimentando un sentimiento de resentimiento hacia el gobierno federal y sus injerencias en los asuntos estatales.

En 1971, la publicación de los Papeles del Pentágono reveló que varias administraciones habían engañado al público sobre la situación real en Vietnam. Este episodio supuso una grave pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, especialmente en el poder ejecutivo, y fue uno de los primeros momentos en que una gran parte de la población empezó a ver al gobierno como una entidad que operaba en secreto y en contra de los intereses de los ciudadanos.

En 1974, el escándalo del Watergate – intento de encubrimiento de irregularidades en la campaña electoral – que implicó al presidente Nixon, representó uno de los momentos de mayor desconfianza hacia la presidencia y el aparato ejecutivo, ya que reveló una corrupción sistémica en los niveles más altos del gobierno y contribuyó aún más a la sensación de que las instituciones democráticas eran profundamente falibles y manipulables.

Durante los años 80, bajo la presidencia de Reagan, se produjo una nueva fase de deslegitimación de las instituciones, especialmente del gobierno federal. Reagan promovió la idea de que el propio gobierno era el problema, no la solución, y afirmó que las instituciones federales eran demasiado grandes e ineficientes, y que obstaculizaban la libertad económica y personal. Este discurso tuvo un impacto duradero, alimentando el sentimiento antigubernamental entre conservadores y liberales. Además, la desregulación de la economía y la reducción del estado del bienestar fueron acompañadas de un creciente descrédito hacia instituciones percibidas como ineficaces e incapaces de responder a las necesidades de la población.

En los años 90, Newt Gingrich impulsó una radicalización del discurso político. Su estrategia, culminada con el “Contrato con América” de 1994, transformó al Partido Republicano en una oposición casi permanente al gobierno federal, empleando una retórica incendiaria contra las instituciones y favoreciendo una política de partidismo extremo. Esto llevó a un creciente sentimiento de desprecio entre las facciones políticas y los votantes, quienes veían al gobierno cada vez más como rehén de intereses partidistas.

Las elecciones presidenciales de 2000, entre George W. Bush y Al Gore, supusieron otro momento crucial en la deslegitimación de las instituciones electorales. El enfrentamiento por Florida y la implicación del Tribunal Supremo, que detuvo el recuento de votos, llevó a muchos a percibir el sistema como manipulado. La decisión del Supremo, interpretada por muchos como políticamente motivada, deslegitimó el proceso electoral y generó nuevos resentimientos hacia las instituciones.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron paso a una nueva fase de expansión de los poderes del gobierno federal con la Ley Patriota y la «guerra contra el terror». Estos desarrollos aumentaron la desconfianza entre muchos estadounidenses – particularmente progresistas y libertarios – hacia instituciones percibidas como cada vez más intrusivas y autoritarias. Las acusaciones de violaciones de derechos civiles y la gestión opaca de los conflictos en Irak y Afganistán – en especial las mentiras sobre las armas de destrucción masiva – alimentaron una creciente alienación en amplios sectores de la población.

En general, desde las elecciones de 2000, el discurso sobre el fraude electoral se convirtió en un tema recurrente, especialmente en el Partido Republicano. A pesar de la falta de pruebas, muchos representantes republicanos continuaron sosteniendo que el sistema electoral era vulnerable a fraudes masivos y promovieron leyes cada vez más restrictivas sobre el voto. Estas acusaciones alimentaron la percepción de que las elecciones eran manipulables, sentando las bases para el clima de escepticismo que estallaría en 2020.

Tras la crisis financiera de 2008, surgió el movimiento Tea Party como un grupo populista de derechas que criticaba duramente al gobierno federal por sus políticas de rescate bancario e intervención económica. Este movimiento, centrado inicialmente en cuestiones fiscales, desarrolló rápidamente un lenguaje anti-establishment, denigrando a las instituciones gubernamentales como corruptas y alejadas de los valores auténticamente americanos. Esta retórica sentó las bases para el populismo más extremo que ha caracterizado la política estadounidense en los años siguientes.

La candidatura y posterior elección de Donald Trump en 2016 representan un punto de inflexión en el proceso de deslegitimación. Trump atacó constantemente a las instituciones, desde las agencias federales hasta los medios de comunicación, acusándolas de estar corrompidas y controladas por una «élite» que conspiraba contra el pueblo. Su retórica anti-establishment, combinada con el apoyo de grupos extremistas y de teóricos de la conspiración como QAnon, así como de figuras como Rudy Giuliani, Sidney Powell y Steve Bannon, aceleró el proceso de deslegitimación de las instituciones democráticas. Además, la práctica agresiva del gerrymandering, especialmente por parte de los republicanos en estados como Carolina del Norte, Wisconsin y Texas, las leyes restrictivas del derecho al voto, el uso de interferencias extranjeras y el propio sistema del colegio electoral con su fórmula “el ganador se lo lleva todo”, han alimentado y siguen alimentando una profunda desconfianza en el resultado del proceso electoral.

Entre los actores más importantes del fenómeno de la deslegitimación, además de las responsabilidades atribuibles a los partidos y políticos implicados, y más allá del mencionado Tea Party, hay que incluir a formaciones de extrema derecha y milicias como los Proud Boys y Oath Keepers, que han promovido teorías antigubernamentales, anti globalistas y conspirativas.

No menos significativa es la responsabilidad de los medios y de las figuras mediáticas. La cadena Fox News y otras plataformas — como Newsmax y One America News Network — han desempeñado un papel crucial en la promoción de la desconfianza hacia las instituciones estadounidenses. Amplificaron las acusaciones de Trump sobre las elecciones de 2020 y a menudo difundieron teorías conspirativas. Comentaristas como Tucker Carlson y Sean Hannity han sido figuras clave en la creación de un clima de hostilidad hacia el gobierno federal, la élite liberal y los medios tradicionales. Además, plataformas como 4chan y 8chan, así como grupos de Facebook, han facilitado la difusión de teorías conspirativas; el ya mencionado QAnon ha tenido un impacto importante en la promoción de la narrativa de que una cábala global orquesta maniobras secretas en perjuicio del pueblo estadounidense, reforzando la idea de que el sistema institucional está profundamente corrompido.

La deslegitimación del proceso electoral y de las instituciones, la creciente polarización política y las acusaciones mutuas de irregularidades electorales podrían tener consecuencias significativas tras el voto. El escenario más probable es el de un resultado impugnado, que podría derivar en un aumento de las protestas y de la tensión social, como ocurrió tras las elecciones de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio.

Un resultado disputado tendría consecuencias inmediatas como una serie de batallas legales a nivel local, estatal y federal, con recursos ante el Tribunal Supremo u otras cortes para anular o confirmar los resultados. Esto podría prolongar la incertidumbre durante semanas e incluso meses. Si los litigios se alargan y no hay una resolución clara, podrían surgir situaciones de bloqueo institucional. El inicio de la nueva administración podría retrasarse, dejando al país en una fase de incertidumbre política que obstaculice una transición pacífica del poder.

A nivel internacional, unas elecciones deslegitimadas podrían debilitar la posición de Estados Unidos. Potencias rivales, como Rusia y China, podrían aprovechar la situación para cuestionar la legitimidad democrática estadounidense y reducir su autoridad moral, promoviendo en el extranjero los valores que, idealmente, sustentan su política exterior: seguridad global, libre comercio, estado de derecho y derechos humanos. Actores extranjeros podrían intentar explotar las divisiones internas mediante campañas de desinformación y ciberataques para amplificar el caos político, aprovechando la debilidad percibida de Estados Unidos en este periodo.

A nivel interno, también cabe destacar que el agravamiento de la deslegitimación podría dar lugar a un auge de las tendencias autoritarias. En un escenario de fuerte polarización y con un Congreso paralizado, ambos partidos podrían ver la necesidad de reforzar su control mediante medidas más centralizadas y autoritarias para garantizar el orden, lo que alimentaría aún más el ciclo de desconfianza y tensión. Podría surgir un mayor impulso hacia el uso del poder ejecutivo para sortear al Congreso y gobernar por decreto.

El 23 de octubre, hablando ante una multitud en un mitin en el condado de Gwinnett, Georgia, Trump no ocultó sus aspiraciones autoritarias. Insinuó la posibilidad de demandar a “60 Minutes” por la edición de una entrevista con Harris – como ya había hecho con otros medios, con sus oponentes y con los supuestos “enemigos internos” – y lanzó la desconcertante afirmación de que bandas armadas con armas que ni siquiera posee el ejército estadounidense están tomando el control de Times Square. «Pero tenemos chicos que quieren enfrentarse a ellos, y tendrán permiso para hacerlo, y los echaremos de aquí». Una vez más, prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia. También declaró que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le otorgaría la autoridad para detener, trasladar o deportar a extranjeros considerados enemigos. Finalmente, pidió la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense.

Declaraciones como estas ya están teniendo consecuencias y parecen preparar el terreno para un posible giro autoritario. Casi la mitad de los votantes duda de que el experimento estadounidense de autogobierno esté funcionando, con un 45% que cree que la democracia del país no es eficaz ni representa adecuadamente a la gente común, según una nueva encuesta de The New York Times/Siena College. Tres cuartas partes de los votantes en EE.UU. afirman que la democracia está amenazada, aunque su percepción de las fuerzas que la ponen en peligro varía mucho según sus inclinaciones políticas. Y una mayoría de votantes cree que el país está plagado de corrupción, con un 62% que sostiene que el gobierno trabaja principalmente para su propio beneficio y el de las élites, y no para el bien común. La deslegitimación ha llevado al 58% de los votantes a convencerse de que los sistemas financieros y políticos de la nación necesitan cambios importantes o una revisión completa.

Un movimiento interno del Partido Republicano, alimentado por la desinformación sobre la derrota de Trump en 2020, ha tomado el control de muchos de los consejos que certifican las elecciones. Podría provocar el caos en las próximas semanas. Existe un ejército de funcionarios electorales – que cree en las continuas afirmaciones de Trump de que el proceso democrático está amañado – preparado para rechazar los resultados.

Por ahora, a la espera de los acontecimientos, la única conclusión posible es que el agravamiento de la deslegitimación está exacerbando las divisiones sociales y las fracturas de la sociedad estadounidense, atentando aún más contra su cohesión social.