Las elecciones de mitad de mandato y la batalla por las reglas de la democracia.
Las elecciones del 3 de noviembre decidirán quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato de Donald Trump. Pero también pondrán a prueba algo más profundo: la capacidad de la república estadounidense para transformar el enfrentamiento político en una decisión que los adversarios estén dispuestos a reconocer. La disputa desborda a las mayorías de la Cámara de Representantes y del Senado. Lo que está en juego es la posibilidad de que las reglas pongan un límite, siquiera provisional, a una confrontación en la que cada bando tiende a ver al otro no como un rival que podrá volver a gobernar, sino como una amenaza a la que hay que cerrar el paso.
La coyuntura nacional favorece a los demócratas, aunque esa ventaja no garantiza escaños ni implica que hayan recuperado la confianza ciudadana. El sondeo de Reuters/Ipsos, concluido el 19 de octubre, sitúa la aprobación de Trump en el 31%, su mínimo en ambos mandatos, y atribuye a los demócratas un 47% frente al 35% de los republicanos entre los votantes registrados de cara al Congreso. Es una ventaja de doce puntos, la mayor de este ciclo, que revela el deterioro de la posición presidencial, pero no anticipa la distribución exacta de los escaños. El encarecimiento de la vida penaliza a los republicanos; los distritos, los candidatos, la financiación y la participación pueden, sin embargo, producir una mayoría parlamentaria distinta de la preferencia expresada a escala nacional.
Ahí empieza la incertidumbre de noviembre. En un sistema de circunscripciones uninominales y normas electorales propias de cada estado, la mayoría social puede no coincidir con la institucional sin que exista fraude alguno. Por eso las elecciones empiezan mucho antes de que se abran las urnas: en la delimitación de los distritos, los requisitos de inscripción, las primarias, el dinero y la pugna por determinar de antemano qué resultado se aceptará como legítimo.
Mayorías frágiles, presidencia omnipresente
La debilidad de Trump en los sondeos nacionales no lo ha alejado del centro de la política. Aunque Reuters/Ipsos le atribuye un 31% de aprobación, sigue determinando la selección de candidatos republicanos y obligando a la oposición a actuar a su ritmo. En la convención de Dallas, los días 9 y 10 de septiembre, pidió a sus seguidores que votaran como si él mismo figurara en la papeleta. Para su base es un elemento de cohesión; para no pocos aspirantes en distritos disputados, una presencia cuya visibilidad conviene administrar.
La Cámara de Representantes es el objetivo más asequible para los demócratas: según el reparto de escaños de octubre, necesitan ganar cuatro más de los que pierdan. En el Senado también requieren una ganancia neta de cuatro, pero el mapa les resulta menos propicio, aunque algunas contiendas sean competitivas en estados que votaron por Trump en 2024. Michigan, Maine, Georgia, Alaska, Texas y Ohio muestran hasta qué punto importan el precio de la energía, la guerra y el perfil de los candidatos. La tendencia nacional abre posibilidades, pero no elimina las particularidades territoriales. Tampoco una Cámara demócrata equivaldría a un mandato capaz de desmantelar la agenda presidencial: el veto de Trump, la composición del Senado y las amplias facultades del Ejecutivo seguirían limitando su margen de actuación.[1]
La financiación convierte las contiendas locales en batallas de alcance nacional. Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los límites del gasto coordinado, MAGA Inc. destinó recursos para respaldar a Paxton en su defensa frente a Talarico en Texas. Sin embargo, el volumen de financiación republicana aún no se ha traducido en un vuelco convincente en los distritos decisivos. El capital compra visibilidad, no necesariamente credibilidad. Una de las ventajas de los demócratas consiste precisamente en obligar a su rival a defender territorios que antes daba por seguros.
Una presidencia en campaña permanente
Las decisiones del Gobierno se reflejan en el presupuesto de los hogares. La ley fiscal y presupuestaria aprobada en 2025 hizo permanentes los elementos esenciales de las rebajas tributarias de 2017, reforzó el presupuesto de defensa y el control migratorio, restringió el acceso a las prestaciones sociales y elevó las previsiones de déficit. La Casa Blanca la presenta como una recuperación de la renta, la soberanía y la capacidad de actuación del Estado; los demócratas denuncian una transferencia de recursos hacia los sectores más favorecidos y un recorte de la protección sanitaria y alimentaria. La eficacia electoral de ambos relatos dependerá de la vida cotidiana: nóminas, seguros médicos, acceso a Medicaid, cesta de la compra, combustible, empleo y coste de los préstamos.[2]
Los aranceles son, al mismo tiempo, política económica, instrumento geopolítico y relato de renacimiento nacional. Trump los presenta como una frontera aplicada a las mercancías: gravar las ventajas ajenas, incentivar la producción estadounidense y obligar a las empresas y a los aliados a negociar. Las decisiones judiciales que han limitado el uso de los poderes de emergencia no han puesto fin al proteccionismo de la Administración, que busca otras bases legales y nuevos gravámenes sectoriales. El problema político es el calendario. La fábrica prometida puede tardar años en abrir; el aumento de precios se percibe mucho antes. Una política industrial puede responder a una necesidad estratégica y, a la vez, generar un coste inmediato que los consumidores atribuyen al presidente.[3]
La guerra con Irán acentúa la contradicción entre la proyección de poder y su factura interna. El encarecimiento del petróleo y del gasóleo, junto con la subida de los tipos de interés, traslada el conflicto a los presupuestos familiares. El 7 de octubre, la Mortgage Bankers Association situó el interés medio de las hipotecas a 30 años en el 7,49%, su nivel más alto en casi tres años.[4] Algunos candidatos republicanos reclaman un fin rápido de la guerra; Trump lo incorpora a su discurso de seguridad. La política exterior ya tiene un precio cotidiano en campaña.
La Casa Blanca entra en las reglas electorales
El aspecto más significativo de la estrategia trumpista, sin embargo, no se limita a las propuestas presentadas a los votantes. Se trata de un intento de intervenir en los propios parámetros del proceso electoral. Una orden ejecutiva de marzo de 2025, justificada en nombre de la «integridad» electoral, exigió pruebas documentales de ciudadanía, el acceso de los estados a bases de datos federales, restricciones al cómputo de los votos por correo recibidos después de la jornada electoral y un papel más activo del poder federal. Otra orden de marzo de 2026 amplió las comprobaciones mediante la Social Security Administration y el Department of Homeland Security, previó identificadores únicos en los sobres y pidió al Departamento de Justicia que priorizara supuestas infracciones de las autoridades electorales estatales y locales.[5]
Estas iniciativas responden a una demanda real de certidumbre, pero invaden un terreno en el que las competencias corresponden, en gran medida, a los estados. El 14 de septiembre, el Tribunal Supremo mantuvo suspendida una nueva norma del servicio postal sobre el voto por correo. Brett Kavanaugh señaló la falta de tiempo para adaptarse y otro juez federal cuestionó el fundamento legal de la medida. El litigio continúa, pero los nuevos requisitos no se aplicarán en noviembre: el propio calendario electoral se ha convertido en un límite constitucional.[6]
En el Congreso, esta batalla se centra en la SAVE America Act. Aprobada por la Cámara en febrero, pero bloqueada en el Senado, exige identificación con fotografía, la acreditación de la ciudadanía al inscribirse y fuertes restricciones al voto por correo. Trump la convirtió en una prioridad de campaña y llegó a afirmar ante los congresistas que esas medidas garantizarían la victoria en noviembre. La afirmación importa: una disposición legal puede defenderse como garantía general de fiabilidad; es más difícil desvincularla del interés partidista cuando el presidente la presenta expresamente como la llave de su propia victoria. El bloqueo senatorial no ha detenido la ofensiva. La Administración ha intentado incorporar partes de la ley en otros proyectos; además, 23 estados ya han aprobado medidas similares. Por último, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional solicitan información electoral y la revisión de los censos. La disputa se libra ahora en las legislaturas estatales, los tribunales y los organismos administrativos.[7]
La acusación de fraude se anticipa al resultado
A la ofensiva normativa le acompaña una preparación narrativa para la eventual derrota. En su intervención televisada del 16 de julio, Trump situó la seguridad electoral en el centro de la campaña, acusó a China de interferir en las elecciones de 2020 e invocó documentos desclasificados como prueba de vulnerabilidades del sistema. Los informes de inteligencia no respaldan la afirmación de que una potencia extranjera haya alterado los votos, y el presidente no ha presentado pruebas de papeletas manipuladas. Pero la fuerza política de ese relato no depende por completo de los hechos comprobados. Se apoya en una memoria ya construida: 2020, voto por correo, ciudades demócratas, inmigración, agencias federales, plataformas digitales y medios de comunicación.[8]
Trump no necesita demostrar un fraude para obtener efectos políticos. Puede bastarle con convencer a sus seguidores de que las reglas están diseñadas en su contra. La denuncia previa permite interpretar cualquier desenlace de dos maneras. Si ganan los republicanos, la movilización habrá derrotado al supuesto sabotaje y legitimará nuevas restricciones. Si pierden, el resultado se atribuirá a las vulnerabilidades anunciadas. El presidente intenta así conservar el control sobre el significado de las urnas. El voto deja de juzgar plenamente su actuación y pasa a integrarse en el relato construido antes de celebrarse.
Desconfianza hacia las élites: dos partidos, ninguna salida segura
El desgaste va más allá de los dirigentes republicanos: ninguna de las dos alternativas políticas logra mantener intacta su credibilidad. Una encuesta de AP-NORC, realizada del 24 al 28 de septiembre, indica que apenas dos de cada diez estadounidenses consideran que los partidos se preocupan por personas como ellos. Los electores registrados prefieren a los demócratas a los republicanos en materia de coste de la vida por un 38% frente al 27%, pero esa ventaja comparativa no equivale a una adhesión. La crisis republicana es, sobre todo, una crisis de gobierno; la demócrata, desde la oposición, es una crisis de alternativa.[9]
Los datos de Pew muestran la magnitud de esa distancia. En mayo de 2026, un 59% de los adultos tenía una opinión desfavorable del Partido Demócrata y un 58% del Partido Republicano; un 26% rechazaba a ambos, frente al 21% en 2020. La valoración positiva de los demócratas había alcanzado un mínimo reciente del 36% en agosto de 2025. Resulta aún más reveladora la relación entre las direcciones y los independientes próximos a cada formación. Según un análisis de Pew publicado el 2 de octubre, el 44% de los independientes inclinados hacia los demócratas atribuye esa proximidad principalmente a su frustración con los dirigentes políticos, frente al 28% de 2016. Entre los independientes próximos a los republicanos, la proporción es del 40%.[10]
Entre los independientes afines a los demócratas, solo el 27% menciona la calidad de sus propuestas como el principal motivo para acercarse al partido; el 64% destaca el daño que, a su juicio, causaría el adversario. No es indiferencia, sino una identificación defensiva. Es posible votar a un partido sin confiar ya en sus dirigentes. Pero cuando el rechazo al otro sostiene casi toda la adhesión, ganar no basta para reconstruir la autoridad ni para garantizar la movilización necesaria en las circunscripciones electorales más ajustadas.[11]
Las diferencias tampoco se reducen a moderados contra progresistas. Invertir de manera extensa en el territorio o concentrarse en los estados bisagra; utilizar un lenguaje social universal o priorizar las identidades; optar por el compromiso institucional o la confrontación; oponerse a la guerra sin perder credibilidad internacional: son dilemas que atraviesan generaciones, clases sociales y regiones.
Republicanos: la fidelidad como criterio de selección
En las primarias republicanas, la relación personal con Trump se ha convertido en un factor decisivo para obtener la candidatura. Sus apoyos, la financiación y la amenaza de rivales internos disciplinan a los congresistas. Eso no le otorga un control absoluto: algunos aspirantes respaldados por el presidente han sido derrotados. La crisis de las élites republicanas no consiste tanto en haber perdido las primarias como en su incapacidad para convertir la lealtad exigida dentro del universo MAGA en un apoyo suficiente fuera de él.
Reuters examinó el 7 de octubre a 62 candidatos republicanos en carreras reñidas y comprobó que 41 —aproximadamente dos tercios— se distanciaban de Trump en algún aspecto. La mayoría discrepaba selectivamente sobre la guerra con Irán, la economía o los proyectos de centros de datos, sin romper con el trumpismo. Una docena había eliminado el nombre o el apoyo presidencial de sus materiales electorales. La contradicción es estructural: para superar las primarias hay que demostrar fidelidad; para ganar en una circunscripción indecisa puede convenir disimularla. El poder de Trump para decidir quién compite ya no coincide necesariamente con su capacidad para atraer al electorado general.[12]
Demócratas: rebelión, recomposición y nueva coalición
Entre los demócratas avanza una corriente distinta, nacida también de la desconfianza hacia sus élites. Las victorias en las primarias de Abdul El-Sayed en Michigan, Peggy Flanagan en Minnesota y Angie Nixon en Florida expresan una demanda de protección social y de renovación política que los dirigentes no han sabido representar. Parte de los asuntos planteados por Trump en el debate nacional — industria, poder adquisitivo, menos guerras, lucha contra la corrupción y prioridades domésticas — puede alimentar ahora un populismo de izquierdas. No se trata de una conversión ideológica ordenada, sino de una competencia por dar dirección política a un malestar compartido. La movilización del partido también permite observar un intento de cerrar filas: Barack Obama tenía previsto intervenir el 24 de octubre en Michigan en apoyo de El-Sayed, pese a las críticas que este había dirigido a aspectos de la anterior Administración demócrata. Cooperar electoralmente no elimina las diferencias programáticas, pero pone de manifiesto la necesidad de transformar la energía de las primarias en una coalición capaz de ganar las elecciones generales.[13]
El avance progresista no es homogéneo. Los triunfos de la izquierda conviven con victorias moderadas y resistencias locales. El-Sayed compite con posibilidades en Michigan, mientras que Nixon se enfrenta a un escenario estructuralmente desfavorable en Florida. La cuestión no es si el partido acabará siendo «socialista», sino qué propuestas y candidatos pueden ampliar su base más allá de quienes votan en las primarias. Todas las corrientes se proclaman capaces de movilizar al electorado; ninguna ha demostrado poder reunir por sí sola a toda la coalición demócrata.
Para los demócratas, el nuevo populismo social ofrece un lenguaje que vincula el poder adquisitivo con la concentración del poder económico y con la corrupción. Para Trump, proporciona una etiqueta con la que presentar a cualquier adversario como parte del mismo bloque socialista. La radicalización que moviliza a voluntarios y pequeños donantes dem puede, a la vez, dificultar el diálogo con independientes, votantes de los suburbios y sectores de mayor edad del electorado demócrata.
Las tensiones surgidas en Maine en torno a la candidatura de Troy Jackson y las heridas de las primarias de Texas, Michigan y Florida reflejan un problema organizativo del Partido Demócrata. Las primarias generan identidad y redes de voluntariado; las generales exigen que los derrotados acepten el liderazgo de quienes les vencieron. La pugna entre el aparato del partido y los candidatos insurgentes no se resuelve únicamente mediante la disciplina, porque se alimenta de una desconfianza previa a la elección de los nombres.
Las primarias como mecanismo de radicalización
Las primarias no se limitan a expresar la polarización: también la seleccionan. En los distritos poco competitivos, la elección verdaderamente decisiva suele ser la del partido dominante, en la que pesa más el electorado movilizado e ideologizado que el del ciudadano medio. El mecanismo opera en ambos partidos sin convertir sus propuestas en equivalentes. A la derecha premia la lealtad personal y el uso expansivo del poder ejecutivo; a la izquierda, programas redistributivos y contrarios al intervencionismo militar que pueden resultar minoritarios fuera de sus territorios favorables. En ambos partidos, la amenaza que más pesa sobre muchos candidatos proviene de sus propias filas.[14]
Dos elecciones superpuestas
En noviembre se votará simultáneamente en dos planos. En el primero, los estadounidenses juzgarán los resultados y los costes: inflación, salarios, vivienda, sanidad, inmigración, aranceles, guerra, seguridad, aborto y educación. En el segundo, elegirán qué partido controla los instrumentos que delimitan jurídicamente la confrontación: comisiones legislativas, presupuestos, nombramientos, investigaciones, legislación electoral, citaciones, certificación de resultados y la capacidad de frenar al Ejecutivo. El primer plano corresponde a la alternancia democrática ordinaria. El segundo convierte la cita electoral en una batalla por la propia forma de la república.
Para Trump, conservar al menos una cámara permitiría proteger a su Administración de investigaciones, mantener la capacidad de decisión presupuestaria, impedir que la oposición imponga la agenda y proclamar la renovación de su mandato popular. Para los demócratas, conquistar la Cámara de Representantes significaría contar con un contrapeso, impulsar investigaciones, ralentizar la reorganización administrativa y contener la conversión de la presidencia en un poder de mando casi ilimitado. El Senado añade la aprobación de jueces y altos cargos, así como la posibilidad de dar continuidad institucional a las reformas del Ejecutivo.
Ambos partidos describen la victoria del contrario como un perjuicio difícilmente reversible. Los republicanos presentan a los demócratas como socialistas o comunistas dispuestos a abrir las fronteras, debilitar al Estado, financiar a los aliados e imponer una ortodoxia cultural. Los demócratas describen a Trump y MAGA como un proyecto autoritario encaminado a capturar la Administración, el voto, la justicia y la información. No todos esos argumentos cuentan con el mismo respaldo factual. Pero cumplen una función política comparable: debilitar la disposición de los electores a aceptar su derrota.
Lo que todavía puede cambiar
La ventaja demócrata en las encuestas nacionales convive con un mapa electoral que favorece a los republicanos. En Misuri, el Tribunal Supremo suspendió las medidas que habrían impuesto el mapa de 2025 y dejó vigente, para un proceso de votación ya iniciado, el trazado de 2022. La decisión no resuelve la controversia sobre la redistribución de distritos, pero sí aclara qué reglas se aplicarán en noviembre. También demuestra que la estabilidad electoral depende del calendario y no solo de los principios.[15] Según un análisis de Reuters del 23 de octubre, los nuevos mapas benefician a los republicanos en quince distritos repartidos en nueve estados, frente a seis favorables a los demócratas. A pesar de esa asimetría, la Cámara sigue siendo el objetivo más accesible para la oposición. La distancia entre el voto nacional y su traducción en escaños a nivel territorial se ha convertido así en una variable decisiva.[16]
Para los republicanos, el punto crítico es la relación entre la fidelidad y la capacidad de ganar. El examen de Reuters muestra a aspirantes que siguen perteneciendo al partido de Trump, pero que buscan mayor autonomía en sus mensajes dirigidos a los independientes. No estamos ante una rebelión doctrinal, sino ante un problema de representación: quienes controlan las candidaturas no siempre logran obtener la mayoría necesaria para ganar. La capacidad excepcional del presidente para movilizar a los suyos puede terminar por limitar la expansión territorial del partido.
Para los demócratas, el umbral es más ambiguo: convertir el rechazo a Trump en un mandato positivo. El populismo social podría recuperar el diálogo con los asalariados y las clases medias empobrecidas, pero también necesita hablar de fronteras, seguridad, orden e identidad sin vaciar su propuesta redistributiva. El centro, por su parte, debe evitar parecer una restauración de las viejas élites. Una coalición unida contra el presidente no es necesariamente una coalición preparada para gobernar.
Queda, además, la actuación presidencial durante los últimos días. Trump promete una solución a la guerra después de las elecciones, mientras persisten los costes del combustible, del transporte y de las hipotecas. El 3 de octubre, en Ohio, llegó a insinuar que la ayuda federal podría tratarse de manera distinta si los demócratas ganaran: otro ejemplo de solapamiento entre recursos públicos y movilización partidista. La polémica por el uso de dinero público en promesas y mensajes favorables a la Administración también difumina los límites entre gobernar y hacer campaña. Mientras tanto, el voto anticipado reduce el tiempo disponible para modificar las preferencias. Según un recuento difundido el 23 de octubre, más de 23 millones de estadounidenses ya habían depositado su voto. El mayor peso de los electores registrados como demócratas entre las papeletas recibidas no permite deducir el resultado: la afiliación partidista no determina el sentido del voto y los hábitos de participación anticipada varían según el estado y el partido.[17]
Noviembre y el coste de las reglas
A dos semanas del voto, la campaña se desarrolla en cuatro frentes: el coste de la vida, la guerra, el control del proceso electoral y la crisis de representación. El encarecimiento del crédito lleva los conflictos exteriores hasta los hogares; la desconfianza hacia ambas élites dificulta transformar la protesta en una adhesión duradera. Una victoria demócrata podría contener al Ejecutivo sin restaurar la confianza; si los republicanos se resisten, la Casa Blanca interpretará el resultado como una ratificación popular. El problema se proyecta sobre 2027. Una Cámara demócrata podría multiplicar las investigaciones y abrir enfrentamientos sobre el presupuesto y el techo de deuda, aunque el Senado y el veto presidencial frenarían gran parte de sus iniciativas legislativas. Un Senado dividido 50 a 50 seguiría bajo control republicano gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Noviembre decidirá, por tanto, no solo quién gobierna, sino también qué instrumentos institucionales podrán utilizarse para contener o prolongar la transformación de la presidencia.[18]
La república estadounidense conserva instituciones, elecciones competitivas y mecanismos de corrección. Su fragilidad procede de otro lugar: mientras los ciudadanos votan, se discuten las competencias, los procedimientos y los plazos, y las decisiones judiciales ya no gozan de un reconocimiento compartido. Las normas pueden seguir aplicándose aunque disminuya la legitimidad política que las sostiene.
Trump combina iniciativas jurídicas, la movilización del personal público, la selección de candidatos, denuncias de fraude y una campaña antisocialista. Los demócratas proponen contrapesos institucionales y protección social, pero aún no han reconciliado sus corrientes ni han recuperado la confianza en sus dirigentes. La fractura atraviesa ambos partidos de manera distinta: entre fidelidad y competitividad, a la derecha; entre renovación y capacidad de gobierno, a la izquierda.
Noviembre repartirá escaños, poderes de investigación y capacidad de nombramiento; no está claro que restituya un lenguaje político común. En unos Estados Unidos donde los vencedores consideran cada vez menos las reglas como un patrimonio compartido y los derrotados cuestionan con mayor facilidad su neutralidad, las urnas pueden decidir quién gobierna sin cerrar la disputa sobre quién tiene derecho a definir la realidad política. La prueba no consistirá únicamente en contar los votos, sino en lograr que el resultado perdure como una decisión aceptada.
NOTA DEL AUTOR
Este artículo es fruto de los conocimientos, las reflexiones y la elaboración teórica del autor, quien definió de manera autónoma su planteamiento, su argumentación y su léxico conceptual. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial exclusivamente como apoyo para la revisión lingüística y editorial, siempre bajo la supervisión directa del autor.
1 T. Reid, «The Midterm Election Outcomes That Could Shape Trump’s Final Two Years», Reuters, 19/10/2026.
[2] United States Congress, One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21, 4/7/2025; Congressional Budget Office, Estimated Budgetary Effects of Public Law 119-21, 2025.
[3] D. Lawder, «Trump Plans New Statutory Tariffs after Supreme Court Curbs Emergency Levies», Reuters, 21/2/2026.
[4] Mortgage Bankers Association, «Mortgage Applications Decrease in Latest MBA Weekly Survey», 7/10/2026.
[5] The White House, Executive Order 14248, Preserving and Protecting the Integrity of American Elections, 25/3/2025; Executive Order 14399, Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections, 31/3/2026.
[6] Reuters, «In Loss for Trump, U.S. Supreme Court Won’t Let Postal Service Restrict Mail Ballots», 14/9/2026; Reuters, «Trump’s Mail-in Voting Restrictions Blocked by a Second Judge», 14/9/2026.
[7] Reuters, «Trump’s Voting Restrictions Bill May Fail, but Parts Live On in 23 States», 14/4/2026; Reuters, «Trump Loses 21 Straight Court Battles for State Voter Rolls as Midterms Near», 7/8/2026.
[8] T. Gardner y J. Landay, «Trump Puts Election Security at Center of Republicans’ Midterm Fight», Reuters, 17/7/2026; Office of the Director of National Intelligence, Foreign Threats to the 2020 U.S. Federal Elections, 2021.
[9] AP-NORC Center for Public Affairs Research, «Few Voters See Either the Republican Party or the Democratic Party as Able to Solve Important Problems or Help People Like Them», 3/10/2026.
[10] Pew Research Center, «Americans Continue to View Both the Republican and Democratic Parties Negatively», 1/5/2026.
[11] S. Shepard, «Why Americans Identify as Republicans and Democrats — and Why They Don’t», Pew Research Center, 2/10/2026.
[12] N. Layne y D. Morgan, «Most Republicans in Tight Midterm Races Distance Themselves from Trump, Reuters Review Finds», Reuters, 7/10/2026.
13 Associated Press, «Obama Is Set to Campaign with Democrats in Ohio and Michigan as He Ramps Up Midterm Efforts», 24/10/2026.
[14] M. Li, P. Miller y M. Buchholz, «How Gerrymandering Tilts the 2024 Race for the House», Brennan Center for Justice, 24/9/2024; E.C. Kamarck y J. Wallner, Anticipating Trouble: Congressional Primaries and Incumbent Behavior, Brookings Institution-R Street Institute, 2018.
[15] Supreme Court of the United States, People Not Politicians v. Onder, n. 26A388, auto de suspensión, septiembre de 2026.
16 Reuters, «Midterms: Your Questions, Answered», 23/10/2026.
17 The Guardian, «Surging Turnout, with Democrats Voting More: Key Takeaways from Early Voting Data», 23/10/2026.
