Parte I – De la seguridad a la hybris geopolítica: imperativos estratégicos y conflictos externos

1. La guerra de Gaza y sus orígenes

La idea de que Israel está combatiendo en Gaza “solo” para liberar a los rehenes o para “destruir a Hamás” es, a estas alturas del conflicto, un paradigma demasiado estrecho para comprender el significado global de las maniobras militares y diplomáticas israelíes. Insertada en el largo ciclo histórico que arranca en 1948, se consolida en 1967 y se redefine después de 1973, la guerra de Gaza se convierte en el momento más reciente de un proceso más profundo: la lucha de varias décadas de Israel por moldear un orden regional compatible con su propia supervivencia y prosperidad en un Oriente Medio fragmentado. La pregunta crucial es: ¿qué Oriente Medio está tratando de construir Israel mediante una guerra en siete frentes y a través de sus decisiones de las últimas décadas? ¿Qué orden regional está intentando imponer para sobrevivir y prosperar en una Asia Menor hecha pedazos, que el propio Estado judío contribuye a fragmentar?

Este ensayo adopta deliberadamente una clave interpretativa fuerte y polémica: lo que observamos hoy no es solo una reacción a un ataque terrorista, sino un intento — o emergente — de perseguir cuatro grandes objetivos estratégicos a largo plazo, arraigados tanto en la historia del sionismo como en su doctrina de seguridad. El primero concierne a la demografía: reducir drásticamente, si no neutralizar, la presencia palestina en los espacios que Israel considera vitales — Gaza, Cisjordania, Jerusalén — para preservar una sólida mayoría judía de al menos el 80%. El segundo tiene que ver con el espacio: dotar al Estado judío de una mayor profundidad estratégica, consolidando y ampliando el control sobre territorios en disputa, desde las alturas del Golán hasta las de Cisjordania, pasando por los márgenes del Líbano y el interior de Siria. El tercer objetivo apunta a romper a los vecinos potencialmente hostiles — Irán, Siria, Líbano, Irak, Egipto, Jordania, además de Cisjordania y la propia Gaza — fragmentándolos, desgastándolos o impidiendo que constituyan un frente coordinado capaz de amenazar a Israel. El cuarto, por último, consiste en mantener y reforzar la dependencia de Estados Unidos, asegurándose un flujo constante de ayuda militar, cobertura diplomática y sincronización estratégica, incluso cuando ello implique tensiones con partes del establishment estadounidense o con sus intereses globales.

Estos cuatro objetivos no aparecen en ningún documento oficial ni podrían hacerlo; son el resultado de imperativos y vínculos geopolíticos, en el cruce entre la práctica militar, la doctrina estratégica, la evolución político-religiosa interna y la gestión de la relación privilegiada con Washington. La observación diacrónica de las políticas adoptadas en los últimos setenta y cinco años revela un hilo conductor coherente: cada gran guerra, cada acuerdo diplomático y cada reforma interna han sido interpretados y reelaborados dentro de este esquema. La guerra de Gaza, con su carácter total y prolongado, representa su episodio más visible y brutal, pero no constituye una desviación.

En este marco, lo que sigue no es una historia lineal ni una condena moral, sino un intento de leer a Israel como un actor geopolítico complejo, atravesado por imperativos estructurales, condicionantes materiales y tensiones internas que modelan su forma de hacer la guerra y de pensar el territorio. La “seguridad” israelí —término omnipresente en el discurso público de la nación— aparece así no como un fin neutro, sino como un concepto estratégico cargado de intereses, miedos, ambiciones y visiones del mundo divergentes. Comprenderla significa entrar en el laboratorio geopolítico más denso de Oriente Medio.

2. De la Nakba a Gaza: demografía, guerra y la lógica de la “solución étnica”

Desde el nacimiento del Estado en 1948, la cuestión demográfica se impone como el eje estructural en torno al cual gira todo el proyecto sionista. Israel nace como Estado judío en un territorio habitado en gran parte por árabes palestinos, y su establishment político-militar comprende desde el principio que el equilibrio numérico representa, más aún que las fronteras, la condición para la supervivencia nacional. La guerra de 1948 produce lo que los palestinos llaman la Nakba, la “catástrofe”: entre 700.000 y 800.000 palestinos mueren, son expulsados o huyen de ciudades y aldeas que después serán incorporadas al Estado judío. Historiadores como Ilan Pappé hablan abiertamente de un proyecto de limpieza étnica; otros, como Benny Morris, aunque cuestionan esta lectura, reconocen sin embargo que las expulsiones y la destrucción sistemática de aldeas respondieron a lógicas funcionales a la construcción de un Estado con una sólida mayoría judía.

La guerra de 1967 completa el cuadro estratégico: Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y el Golán, encontrándose de repente dueño de territorios densamente poblados por palestinos. A pesar de las 200,000/300,000 nuevas muertes, expulsiones y huidas de palestinos, a partir de ese momento, el país se enfrenta a un dilema permanente: integrar estos territorios sin conceder a los palestinos plenos derechos políticos corre el riesgo de transformar al Estado judío en un régimen de apartheid; anexionar estos territorios reconociendo a sus habitantes la ciudadanía, en cambio, pone en peligro la mayoría judía. Es en este callejón sin salida donde nace la larga etapa de “soluciones transitorias”, destinadas a volverse permanentes: ocupación militar, administración híbrida, colonias, autonomías limitadas, una Autoridad Palestina sin verdadera soberanía y continuamente expuesta al control israelí.

La guerra estallada tras el 7 de octubre de 2023 lleva esta lógica a su punto más alto. Las estimaciones hablan de más de 100.000 palestinos muertos, desplazados o huidos de Gaza. Los barrios interiores han sido arrasados, las infraestructuras civiles destruidas y la población empujada progresivamente hacia el sur de la Franja y hacia el Sinaí, mientras circulan documentos reservados y declaraciones públicas de miembros del gobierno israelí que evocan abiertamente la posibilidad de “reubicar” a parte de los gazawi en el extranjero: en Egipto, en Cisjordania e incluso en África.

La lógica demográfica que emerge es explícita en su brutalidad: menos palestinos en los territorios bajo control israelí significa menos riesgo de perder la mayoría, más espacio para futuras anexiones, mayor facilidad para dominar el espacio físico. En el pasado, sectores de la élite israelí han esperado un éxodo masivo hacia Egipto y Jordania; pero esta opción siempre ha chocado con el rechazo de los países árabes vecinos —temerosos de ser acusados de haber abandonado la causa palestina — y con la determinación de los propios palestinos de no abandonar definitivamente su tierra.

Desde esta perspectiva, la guerra en Gaza aparece como el tercer gran intento, tras 1948 y 1967, de reescribir el equilibrio demográfico de la región a favor de Israel. No mediante un plan centralizado de exterminio — algo que ningún gobierno podría reivindicar abiertamente —, sino a través de una combinación de bombardeos masivos, asedio, destrucción de infraestructuras civiles y condiciones de vida tan extremas que empujen al exilio permanente al mayor número posible de palestinos. El hambre misma se convierte en un instrumento estratégico: según la ONU y el IPC (Integrated Food Security Phase Classification), toda la población de la Franja se encuentra en condiciones de crisis aguda o de mera supervivencia, con hambrunas localizadas.

El cálculo de fondo es cínico, pero coherente con décadas de planteamiento estratégico: si a largo plazo la población palestina residente entre el Mediterráneo y el Jordán disminuye — por muertes, éxodos, no retornos —, la cuestión demográfica que acosa a Israel desde su nacimiento queda “resuelta” de facto. Gaza se convierte así no solo en un campo de batalla, sino también en el escenario donde se manifiesta con máxima transparencia la lógica profunda que, desde hace setenta y cinco años, acompaña la historia del Estado judío.

3. Gran Israel y profundidad estratégica

El segundo gran eje estratégico tiene que ver con el espacio físico del Estado judío, es decir, con su capacidad para defenderse en un territorio extremadamente comprimido y vulnerable. Israel, en su configuración anterior a 1967, es un país pequeño y estrecho, hasta el punto de ser casi indefendible desde el punto de vista de la guerra convencional: en algunos tramos, la distancia entre el Mediterráneo y la Línea Verde es de unos 15 km. La distancia entre el Mediterráneo y el río Jordán, en línea recta, es inferior a 100 kilómetros. Se trata de una profundidad estratégica mínima, lo suficientemente reducida como para permitir, al menos en teoría, que una penetración desde Cisjordania parta el país en dos. No sorprende, por tanto, que la falta de profundidad territorial haya sido, desde la fundación del Estado, una de las obsesiones principales de la cúpula militar israelí.

Las guerras de 1967 y 1973 parecen ofrecer inicialmente una respuesta a esa vulnerabilidad: la ocupación del Sinaí crea una amplia zona de contención frente a Egipto, la del Golán proporciona una barrera natural contra Siria, mientras que la toma de Cisjordania desplaza la línea del frente más allá de las alturas que dominan el valle del Jordán. Los Acuerdos de Camp David y la devolución del Sinaí a Egipto a cambio de la paz reducen de nuevo la profundidad estratégica en el frente sur y dejan intactos los dilemas en el norte y el este, donde los territorios en disputa se convierten progresivamente en el escenario de una batalla política, ideológica y demográfica destinada a durar décadas.

Con el paso del tiempo, una parte del establishment israelí, en particular la derecha nacional-religiosa y los sectores más radicales, elabora una visión territorial que trasciende las líneas de 1967 e inspira la idea de Eretz Israel HaShlema, el “Gran Israel”. Es una visión que entrelaza referencias bíblicas, memoria histórica y cálculo estratégico, y que considera Gaza, Cisjordania, el Golán, parte del sur del Líbano y, en sus escenarios más amplios, segmentos del territorio sirio hasta Damasco como espacios imprescindibles para garantizar unas fronteras “defendibles”.

En las últimas décadas, este planteamiento territorial ha encontrado múltiples traducciones concretas. La anexión de facto de Cisjordania, sostenida por una red de infraestructuras que integra cada vez más profundamente los territorios ocupados en el espacio económico y cívico israelí, y la proliferación y expansión de los asentamientos, representan el paso más visible. A ello se suma la anexión de jure del Golán, sancionada en 1981 y reconocida unilateralmente por Estados Unidos en 2019, un acto que, aunque contestado por la comunidad internacional, consagra en la práctica el control israelí del altiplano.

Paralelamente, los gobiernos israelíes han planteado periódicamente la idea de establecer zonas de contención permanentes en el sur del Líbano y en el sur de Siria, justificadas por la necesidad de mantener a Hezbolá y a las milicias proiraníes a una distancia de seguridad de la frontera, rescatando el concepto histórico-político de Lebensraum, “espacio vital”. El uso de este término no es neutro y, en el caso de Israel, pone de relieve una necesidad de fondo: la seguridad de la colectividad nacional exige ampliar su control territorial mucho más allá de las fronteras originarias.

Sin embargo, ni siquiera un escenario de Gran Israel elimina por completo la vulnerabilidad estratégica del país. Aunque una mayor profundidad territorial reduce el riesgo de una invasión convencional, no puede neutralizar las amenazas de los conflictos asimétricos, de los cohetes, de los drones y de las milicias no estatales que operan en los márgenes o dentro de los territorios en disputa. Tampoco resuelve el dilema político de fondo: una ampliación territorial implica, inevitablemente, gestionar una población palestina numerosa, hostil y desprovista de derechos políticos, con costes económicos, morales y diplomáticos difíciles de sostener a largo plazo.

Es en esta tensión entre ambición expansiva y vulnerabilidad estructural donde se sitúa el núcleo del segundo objetivo estratégico israelí. La búsqueda de profundidad estratégica es mucho más que una cuestión militar: es la proyección territorial de un miedo histórico, la respuesta a un sentimiento de precariedad identitaria y, al mismo tiempo, la manifestación más evidente de la hybris geopolítica que acompaña, desde hace décadas, al proyecto nacional israelí.

4. Romper a los vecinos: de la “doctrina de las periferias” a la guerra a pedazos

Desde la década de 1950, el liderazgo israelí comprende que su propia supervivencia no depende solo de la correlación de fuerzas directa con los vecinos árabes, sino también de la capacidad de construir un cinturón de alianzas que rompa el cerco regional. Así nace lo que se conoce como la “doctrina de las periferias”: un diseño estratégico que busca rodear y desbordar en el frente árabe suní, tejiendo entendimientos con potencias no árabes — Turquía, el Irán pre-revolucionario, Etiopía — y con minorías étnicas y religiosas — desde los kurdos hasta los maronitas libaneses y los drusos — con la esperanza de debilitar desde fuera la cohesión de los países hostiles. Esta línea, asociada al nombre de Ben-Gurión, no es solo una maniobra diplomática: es el intento de romper la unidad del mundo árabe en torno a la cuestión palestina y de transformar Oriente Medio en un sistema de múltiples equilibrios, en el que ninguna coalición hostil sea capaz de aplastar a Israel.

Con el inicio del siglo XXI y el colapso de varios Estados en Oriente Medio, esta lógica adquiere una nueva forma, más cínica y arriesgada. Ya no se trata únicamente de aliarse con las “periferias” para contener el corazón árabe, sino de contribuir — activamente o por omisión — a la desintegración de los vecinos potencialmente peligrosos, en particular Siria e Irán, y de mantener en una condición de debilidad crónica a otros actores como Irak, Líbano, Egipto, Jordania, además de Cisjordania y Gaza. La guerra en Siria, iniciada en 2011, se convierte en uno de los laboratorios más visibles de esta estrategia: Israel lleva a cabo una campaña de ataques aéreos de baja intensidad contra bases iraníes, depósitos de armas, infraestructuras militares y convoyes dirigidos a Hezbolá, persiguiendo un doble objetivo aparentemente paradójico. Por un lado, impedir que Teherán consolide un corredor terrestre continuo hacia el Mediterráneo; por otro, fragmentar el régimen de Asad, evitando que se derrumbe por completo y que deje espacio a escenarios incontrolables o a una eventual recomposición estatal hostil.

Con Irán, la lógica es aún más explícita. La República Islámica se percibe como el enemigo existencial por excelencia: su programa nuclear, la red de milicias aliadas — Hezbolá, Hamás, la Yihad Islámica, grupos chiíes en Irak, los hutíes en Yemen — y el discurso oficial de deslegitimación de Israel se leen como piezas de una amenaza sistémica a largo plazo. De ahí el decidido apoyo a la política de “máxima presión” de Estados Unidos, hecha de sanciones, sabotajes, ciberataques, asesinatos selectivos de científicos y mandos militares, y de un trabajo diplomático constante para impedir el retorno al JCPOA o a acuerdos nucleares que puedan aliviar la presión sobre Teherán. “Romper a los vecinos”, en este marco, no significa solo destruir capacidades militares convencionales, sino también bloquear el desarrollo económico y tecnológico, favorecer las fracturas internas y sostener — directa o indirectamente — a actores subestatales que erosionan la cohesión de los Estados.

El resultado es un Oriente Medio cada vez más “a pedazos”, marcado por Estados balcanizados y frágiles: una Siria dividida, atravesada por milicias e influencias externas; un Irak inestable, suspendido entre la fragmentación etno-sectaria y la dependencia de potencias extranjeras; un Líbano rehén de la competencia permanente entre Hezbolá, facciones internas y actores regionales; una Gaza reducida a un territorio devastado y casi inhabitable. Desde el punto de vista del establishment israelí, este escenario, por volátil que sea, resulta preferible a un frente árabe o islámico fuerte y coordinado: un mosaico de Estados débiles y entidades no estatales, aunque genere riesgos continuos, limita la posibilidad de una guerra convencional a gran escala contra Israel.

La contrapartida, sin embargo, es evidente. Un Oriente Medio crónicamente desestabilizado produce flujos de refugiados, radicalización yihadista, economías en caída libre, criminalidad transnacional y, a largo plazo, alimenta precisamente ese ciclo de hostilidad y violencia no convencional que el Estado judío pretende contener. La “guerra a pedazos” contra los vecinos termina por transformar la región en un arco de inestabilidad permanente, en el que nadie — Israel incluido — puede sentirse realmente a salvo.

5. La alianza estructural con Estados Unidos y el lobby

El cuarto objetivo, quizá el más decisivo a medio y largo plazo, tiene que ver con la soldadura estructural entre Israel y Estados Unidos. A partir de la guerra de 1967 y, de forma aún más nítida, tras el puente aéreo de 1973, Washington identifica en el Estado judío un activo estratégico en la competencia global con la Unión Soviética y sus aliados árabes. Con el paso de las décadas, esta relación privilegiada evoluciona de una asociación flexible a una alianza casi incondicional, en la que los intereses de Israel penetran profundamente en el debate interno estadounidense y en la definición de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Hoy esta alianza se traduce en cifras y dispositivos muy concretos. El Memorando de Entendimiento decenal 2019–2028 prevé 3,8 mil millones de dólares al año en ayudas militares estadounidenses a Israel, el mayor paquete de este tipo jamás concedido a un solo país. A ello se suman programas de cooperación tecnológica avanzada, intercambio de inteligencia, apoyo financiero y operativo a sistemas antimisiles como Iron Dome y David’s Sling, así como una protección diplomática prácticamente constante en el seno de la ONU, con el uso reiterado del veto estadounidense para bloquear resoluciones críticas hacia Israel.

La presidencia de Trump representa, en este marco, una aceleración sin precedentes de un proceso en curso desde hace décadas. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv en 2018 rompen con décadas de práctica diplomática de Estados Unidos y de consenso internacional. Al año siguiente, Washington reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, legitimando de facto una anexión cuestionada por el derecho internacional. Paralelamente, Estados Unidos sale del JCPOA, reimpone sanciones contra Irán y promueve los Acuerdos de Abraham, normalizando las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos y abriendo un canal con Sudán. El mensaje implícito es claro: las necesidades de seguridad y de proyección regional del Estado judío se convierten en un eje central de la estrategia estadounidense en Oriente Medio.

Este nivel de apoyo no se explica únicamente por la convergencia de intereses estratégicos. También es el resultado de la acción de una constelación de actores conocida como la “Israel lobby”: un conjunto de organizaciones como AIPAC, grupos evangélicos sionistas, think tanks, redes de donantes y formadores de opinión que trabajan para consolidar una orientación proisraelí transversal a ambos grandes partidos estadounidenses. El tema es controvertido, pero algunos indicadores difíciles de refutar lo hacen evidente: el Congreso aprueba casi por unanimidad resoluciones de apoyo a Israel, incluso en momentos de máxima contestación internacional; cualquier intento de una administración de condicionar la ayuda militar a exigencias políticas concretas (sobre la expansión de los asentamientos o sobre la reanudación de las negociaciones de paz) se encuentra con una resistencia muy fuerte a nivel parlamentario y mediático; figuras clave de la política exterior de ambos bandos mantienen vínculos estrechos con organizaciones proisraelíes y con financiadores para quienes la defensa del Estado judío representa una prioridad absoluta.

Desde el punto de vista israelí, el objetivo es transparente: asegurarse de que, ocurra lo que ocurra en el terreno o en el debate internacional, Estados Unidos no tome nunca distancias de forma sustancial. Incluso cuando la opinión pública estadounidense cambia — como está sucediendo entre los jóvenes y los progresistas, cada vez más críticos con la guerra en Gaza y con las políticas de ocupación — el nivel institucional permanece firmemente proisraelí. Es esta brecha entre el discurso público y la continuidad de las decisiones estratégicas la que alimenta la pregunta, en el centro de las reflexiones de John Mearsheimer y otros politólogos realistas, sobre la compatibilidad a largo plazo entre la alianza con Israel y el interés nacional estadounidense. Una América comprometida en la competición con China, necesitada de concentrar recursos en el Indo-Pacífico y en el desafío tecnológico global, sigue invirtiendo capital político y militar para apoyar a Israel, asumiendo costes reputacionales y riesgos de escalada que muchos analistas consideran cada vez menos sostenibles.

En este sentido, la alianza estructural con Estados Unidos es, para Israel, al mismo tiempo escudo y límite: garantiza la supervivencia en un entorno hostil, pero también expone al Estado judío a la tentación de ir más allá de los márgenes impuestos por el sistema internacional, confiando en que Washington absorberá las consecuencias. Es uno de los nudos centrales de su hybris geopolítica.

6. Trump, Biden y la continuidad de fondo

La secuencia Trump–Biden revela con particular claridad una de las características estructurales de la relación entre Estados Unidos e Israel: más allá de las diferencias de estilo, de lenguaje y de prioridades declaradas, la línea de fondo permanece sorprendentemente estable. La primera administración Trump lleva esta continuidad a su extremo, transformándola en un apoyo casi incondicional y en una redefinición simbólica de todo el marco diplomático.

El reconocimiento de Jerusalén como capital indivisa de Israel, el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, la salida del JCPOA y la campaña de “máxima presión” contra Irán, los Acuerdos de Abraham: cada uno de estos movimientos marca un punto de ruptura con la retórica anterior, pero no con el núcleo duro de la estrategia estadounidense en Oriente Medio, que sigue viendo en Israel, al mismo tiempo, un pivote de la arquitectura regional y un proxy de los Estados Unidos.

La administración Biden llega al poder prometiendo un reequilibrio: el regreso a un lenguaje multilateral, el intento de reabrir el dossier nuclear iraní y una mayor atención formal a la “solución de dos Estados” y a los derechos humanos. En el plano simbólico, la Casa Blanca trata de restablecer cierta distancia respecto a los excesos unilaterales de la etapa de Trump. Se habla de “medidas para contener la expansión de los asentamientos”, de “condicionar las ayudas” al respeto de algunas líneas rojas, de recomponer la relación con la Autoridad Nacional Palestina.

En la práctica, sin embargo, las discontinuidades siguen siendo parciales. Los objetivos estratégicos — contener a Irán, preservar la superioridad militar cualitativa de Israel, mantener vivos los Acuerdos de Abraham como piedra angular de la nueva coalición regional, garantizar la seguridad energética y la libertad de navegación — no se ponen en duda. La propia idea de “dos Estados” sobrevive más como fórmula retórica que como proyecto político operativo: no se relanza ningún gran plan, no se impone ningún paso irreversible sobre asentamientos, fronteras o el estatus de Jerusalén.

La guerra, estallada después del 7 de octubre de 2023, deja al descubierto esta ambivalencia. Por un lado, Washington expresa “preocupación” por el uso desproporcionado de la fuerza, llama a Israel a respetar el derecho internacional humanitario y apoya iniciativas de tregua temporal. Por otro, sigue garantizando flujos de armas, cobertura diplomática en la ONU, coordinación militar y de inteligencia, y se niega sistemáticamente a vincular de forma creíble la ayuda con cambios concretos en el terreno, en particular en lo referente a la gestión de Gaza y a la expansión colonial en Cisjordania.

La diferencia entre Trump y Biden se convierte así, en gran medida, en una cuestión de registro y gestión más que de sustancia estratégica. Trump hace visible y brutal una lógica de largo plazo; Biden la reviste con un lenguaje liberal-internacionalista, prometiendo controles y condicionalidades que rara vez se traducen en decisiones vinculantes. Desde la perspectiva israelí, esta continuidad es un activo de valor incalculable: significa que, al margen de las alternancias en Washington, la estructura de apoyo político, militar y económico permanece intacta. La tarea de las élites israelíes pasa entonces a ser aprovechar las fases de máxima convergencia (como la presidencia de Trump) para consolidar los hechos consumados y gestionar las fases más prudentes (como la presidencia de Biden), evitando que se traduzcan en un verdadero repliegue estadounidense.

7. Los Estados árabes: entre la causa palestina y la razón de Estado

Para comprender la posición actual de Israel en el sistema regional, es indispensable observar la trayectoria de los países árabes. Desde la etapa panarabista de Nasser hasta el giro neoliberal y securitario de los años ochenta y noventa, los Estados árabes han ido transformando progresivamente la cuestión palestina: de eje central de legitimación política a variable que gestionar en función de prioridades internas como la estabilidad del régimen, el crecimiento económico, las relaciones con Washington y la contención de Irán y de los movimientos islamistas.

La guerra del Yom Kippur de 1973 representa, en este sentido, un auténtico punto de inflexión. Egipto de Sadat utiliza el conflicto para mejorar su posición negociadora y, pocos años después, firma la paz de Camp David, obteniendo a cambio la devolución del Sinaí y un flujo constante de ayuda estadounidense. En las décadas siguientes, la retórica oficial de apoyo a la causa palestina se mantiene, pero la práctica diplomática da prioridad a la supervivencia de los regímenes y a su alineación con el campo occidental. La guerra entre Irán e Irak, la invasión de Kuwait, las guerras del Golfo y, posteriormente, las Primaveras árabes reconfiguran profundamente el panorama: la amenaza percibida deja de ser Israel para convertirse en la inestabilidad interna, la presión de las masas, el terrorismo yihadista y el ascenso regional de Irán.

Los Acuerdos de Abraham de 2020 hacen explícita esta brecha. Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán normalizan sus relaciones con Israel sin obtener una solución sustancial a la cuestión palestina, limitándose a vagas referencias a futuras negociaciones. A cambio, obtienen ventajas económicas, tecnológicas y militares, además de un refuerzo adicional de su relación con Washington. Arabia Saudí, aunque mantiene formalmente su posición histórica sobre la Iniciativa Árabe de Paz de 2002 (reafirmada en 2007 y 2017), explora, a su vez, una normalización condicionada, vinculando la cuestión palestina a un paquete más amplio que incluya garantías de seguridad y cooperación nuclear civil con Estados Unidos.

La guerra en Gaza tras el 7 de octubre de 2023 reabre una peligrosa fractura entre los regímenes y las opiniones públicas árabes. Las imágenes de destrucción total, los miles de civiles muertos y las acusaciones de crímenes de guerra y de limpieza étnica alimentan oleadas de protesta en Jordania, Egipto, Marruecos, Túnez y en las monarquías del Golfo. Los gobiernos se ven obligados a adoptar posiciones más duras en el plano retórico — exigir un alto el fuego, condenar las operaciones israelíes, amenazar de forma más o menos creíble con suspender la cooperación — sin, pero, cuestionar los pilares de sus políticas de seguridad ni su alianza con Estados Unidos.

Para Israel, este doble nivel árabe — una razón de Estado que prioriza la estabilidad de los regímenes y la cooperación en materia de seguridad, y una base social profundamente hostil — es a la vez un recurso y una amenaza. Es un recurso porque reduce la probabilidad de una coalición militar árabe unificada como en 1948, 1967 o 1973; es una amenaza porque la creciente distancia entre gobiernos y opiniones públicas debilita la estabilidad interna de los regímenes y aumenta el riesgo de explosiones repentinas, revueltas y procesos de radicalización que pueden desembocar en formas de conflicto mucho menos controlables.

A medio plazo, el destino de Israel también está ligado a esta tensión. Cuanto más sean percibidos los regímenes árabes como cómplices silenciosos de la devastación de Gaza y de la perpetuación del statu quo, tanto más probable será que los movimientos islamistas, las fuerzas antisistema o nuevas élites post-autoritarias se presenten como portavoces de una ruptura radical, con efectos imprevisibles sobre el conjunto del orden regional.

8. Gaza, Cisjordania y el “Plan de Paz” de Trump: neocolonialismo y relegación

El llamado Deal of the Century, presentado por la administración Trump en 2020, representa el intento más explícito de las últimas décadas de cristalizar, sobre una base jurídico-diplomática, un orden de facto ya consolidado en el terreno. Detrás del lenguaje de la “paz” y de la “prosperidad”, se esconde una lógica profundamente neocolonial: fragmentar aún más los territorios palestinos, reducir su continuidad geográfica, transformar a la Autoridad Nacional Palestina en una estructura administrativa subordinada y garantizar a Israel el control permanente de las fronteras, del espacio aéreo, de los recursos hídricos y de los principales nodos de infraestructura.

La cartografía del plan — con Cisjordania reducida a un archipiélago de cantones conectados por corredores bajo control israelí y Gaza subordinada a condiciones de desmilitarización irrealizables — hace visible esta lógica. La “solución de dos Estados” queda vaciada desde dentro: el Estado palestino previsto por el plan carece de atributos reales de soberanía, no controla sus propias fronteras, no dispone de ejército, no tiene plena competencia sobre los recursos estratégicos y, para sobrevivir, depende de una mezcla de ayuda internacional, inversiones condicionadas y buena voluntad israelí.

Paradójicamente, el Deal of the Century no coincide por completo con los deseos de la derecha nacional-religiosa israelí, que habría preferido una anexión aún más amplia de Cisjordania, sin reconocimiento alguno, ni siquiera simbólico, de un Estado palestino. Sin embargo, en el plano político, el plan sirve perfectamente a sus intereses: legitima la anexión de los grandes bloques de asentamientos, consolida el control israelí sobre el valle del Jordán y desplaza el eje del debate internacional del fin de la ocupación a la “gestión” de una semi-autonomía palestina. En este sentido, el plan Trump de 2020 no es tanto un proyecto destinado a aplicarse al pie de la letra como un dispositivo discursivo para archivar definitivamente el paradigma de Oslo y normalizar un régimen de ocupación permanente, camuflado como proceso de paz.

La reacción palestina es, previsiblemente, de rechazo total. Para la Autoridad Nacional Palestina, aceptar el plan significaría sancionar su transformación definitiva en una estructura auxiliar de la ocupación; para Hamas, el rechazo radical se convierte en la ocasión para presentarse como el único defensor auténtico de la causa palestina. Los Estados árabes, por su parte, oscilan entre la condena retórica y el pragmatismo: evitan un enfrentamiento frontal con Washington, pero se niegan a conceder al plan la certificación de legitimidad que habría facilitado su implementación.

Tras el 7 de octubre de 2023 y la devastación de Gaza, el ‘Deal of the Century’ parece el vestigio de otra época, pero su legado sigue siendo visible: ha contribuido a desplazar de forma definitiva el centro de gravedad del discurso internacional, de la construcción de un Estado palestino plenamente soberano a la gestión de entidades políticas palestinas debilitadas, insertas en un orden regional que da por sentada la supremacía israelí.

9. El nuevo plan de Trump de 2025: un orden post-Oslo basado en la supremacía de Israel

Cuando Donald Trump regresa a la Casa Blanca en enero de 2025, Oriente Medio es una realidad profundamente transformada respecto a 2020: Gaza ha sido devastada por meses de guerra total, la Autoridad Nacional Palestina ha perdido aún más legitimidad, Irán está sometido a nuevas oleadas de sanciones y sabotajes, los Acuerdos de Abraham han sobrevivido a la prueba de Gaza, pero han salido políticamente desgastados, y la opinión pública global está mucho más polarizada sobre la cuestión israelo-palestina.

En este contexto, el nuevo plan de Trump para Oriente Medio — presentado como una actualización del Deal of the Century adaptada a la “nueva realidad post-Gaza” — abandona incluso los últimos restos de lógica de mediación. Ya no se trata de proponer un compromiso, por muy desequilibrado que sea; se trata de codificar un orden regional fundado en la supremacía estructural de Israel, imponiendo a los palestinos y a los Estados árabes la aceptación de un hecho consumado.

El núcleo del plan es la sustitución de la Autoridad Nacional Palestina por una nueva entidad, la Palestinian Governance Authority (PGA), formalmente autónoma, pero en la práctica subordinada a Israel y a un consorcio de potencias patrocinadoras (Estados Unidos, algunas monarquías del Golfo, Turquía y, eventualmente, la Unión Europea). La PGA no nace de un proceso electoral plenamente libre, sino de un mecanismo de selección controlado que privilegia a las élites consideradas “responsables” y “cooperativas”. Su mandato consiste en administrar los servicios civiles, gestionar la vida cotidiana y garantizar la seguridad interna, mientras que las cuestiones estratégicas — fronteras, defensa, recursos — permanecen en manos de Israel y sus aliados.

Paralelamente, el plan legaliza lo que, sobre el terreno, ya es una realidad consolidada: la anexión de los grandes bloques de asentamientos en Cisjordania, el control permanente del valle del Jordán y un régimen de separación estructural entre Gaza y Cisjordania. Para Gaza, se perfila una “reconstrucción condicionada” bajo la supervisión de un consorcio internacional, con un papel significativo de Egipto y Qatar, pero sin poner fin al control israelí del espacio aéreo, de las aguas territoriales y de las fronteras exteriores.

Otro pilar del plan es el intento de concluir un mega-acuerdo regional que relance la normalización árabe con Israel a cambio de un paquete de incentivos económicos, garantías de seguridad otorgadas por Estados Unidos (sobre todo para Arabia Saudí) y una vaga hoja de ruta para nuevas concesiones simbólicas a los palestinos. La idea es clara: integrar al Estado judío en el tejido político y económico de Oriente Medio, consolidar su papel como potencia tecnológica y militar, y confinar la cuestión palestina en un marco administrativo controlado.

La reacción israelí al plan es ambivalente. Netanyahu y buena parte de la derecha lo apoyan por razones tácticas — supone una nueva legitimación internacional de su línea —, mientras que una parte del campo ultranacionalista todavía lo considera demasiado generoso con los palestinos por el mantenimiento, aunque sea solo formal, de una entidad política palestina. En el campo centrista y moderado, algunos ven en el plan una oportunidad para estabilizar el orden regional y obtener concesiones árabes; otros temen que la codificación de un régimen de supremacía permanente cristalice la deriva antidemocrática interna y aísle a Israel en el plano internacional.

En el plano geopolítico más amplio, el nuevo plan de Trump equivale a la formalización del fin del paradigma de Oslo y a la consagración de un orden post-Oslo basado en cuatro elementos: fragmentación política palestina, supremacía militar israelí, integración económica selectiva en el mundo árabe y dependencia estructural de Estados Unidos. Es un orden intrínsecamente inestable, diseñado para ser difícil de revertir.

10. Cuatro objetivos, una sola matriz

Si volvemos el análisis a las cuatro líneas maestras iniciales — demografía, espacio, fragmentación de los vecinos, alianza estructural con Estados Unidos —, la trayectoria de Israel en las últimas décadas adquiere una coherencia más nítida. Lo que a primera vista puede parecer una sucesión de guerras, acuerdos, crisis diplomáticas y cambios de gobierno, se presenta, visto en perspectiva, como la aplicación reiterada de una misma matriz estratégica, adaptada a contextos cambiantes pero constante en sus fundamentos. Los episodios de Gaza, del Líbano, de Siria o de Cisjordania ya no aparecen como accidentes aislados, sino como variaciones de un mismo patrón.

El primer eje, demográfico, persigue reducir la presencia palestina en los espacios que Israel considera vitales y, a largo plazo, consolidar una mayoría judía sólida entre el Mediterráneo y el Jordán. Las guerras de 1948 y 1967, la gestión de los refugiados, las políticas de control de movimientos, las restricciones urbanísticas, el asedio de Gaza, el bloqueo del derecho al retorno y las presiones para promover la emigración: todo ello contribuye, con distintos niveles de intensidad y visibilidad, a un mismo objetivo de fondo, que es mantener el componente palestino en una posición numéricamente subordinada y políticamente desarticulada.

El segundo eje se refiere al proyecto de un Gran Israel y a la búsqueda de profundidad estratégica. La ocupación y colonización de Cisjordania, la anexión del Golán, los debates sobre zonas de seguridad permanentes en el sur del Líbano o de Siria, y la insistencia en unas fronteras “defendibles” a lo largo de barreras naturales, forman parte de la misma lógica: ampliar el espacio físico controlado por el Estado judío, empujar las líneas de frente hacia el exterior y anclar la seguridad nacional en el dominio de alturas, valles y corredores claves. El territorio no es solo un espacio para habitar, sino también un recurso militar que hay que modelar para minimizar la vulnerabilidad.

El tercer eje es la producción de un entorno regional fragmentado e inestable, en el que ningún Estado vecino pueda imponer su propia agenda estratégica a Israel. El apoyo, directo o indirecto, a dinámicas que debilitan a Siria, Irak, Irán o el Líbano; la aceptación — cuando no el estímulo — de guerras civiles, balcanizaciones y Estados fallidos; la apuesta por un “arco de crisis” permanente que mantenga ocupados a los rivales potenciales: todo ello reduce el riesgo de una guerra convencional a gran escala, pero alimenta también un escenario de “guerra a pedazos” que, a su vez, incrementa los riesgos para la seguridad israelí.

El cuarto eje es la alianza estructural con Estados Unidos, entendida no solo como una relación bilateral privilegiada, sino como una verdadera fusión de agendas estratégicas. El objetivo es anclar la seguridad de Israel en el poder global estadounidense, convertir la ayuda militar y el apoyo diplomático en elementos intocables del consenso político en Washington y hacer que cualquier ruptura con Israel resulte demasiado costosa para cualquier administración. El papel de los lobbies, de las redes de donantes, de los think tanks y de los sectores evangélicos proisraelíes forma parte de este dispositivo de protección a largo plazo.

Esta matriz no agota el pluralismo del debate interno israelí — traversado por corrientes liberales, pacifistas, nacional-religiosas, securitarias y tecnocráticas —, pero ofrece el marco de referencia dentro del cual esas corrientes se mueven. Las divergencias se juegan en los ritmos, en los métodos, en el grado de brutalidad o prudencia, no en la naturaleza de los objetivos de fondo. Controlar la demografía, ampliar el espacio, mantener a los vecinos débiles y aferrarse a Estados Unidos: son los cuatro pilares sobre los que se ha construido, en sus luces y sombras, la política israelí desde 1948.

11. Escenarios: ¿hacia qué Israel?

A partir de esta matriz, es posible delinear al menos tres escenarios de mediano y largo plazo para Israel. No son predicciones ni cubren todo el abanico de posibilidades, pero ayudan a organizar el análisis, a identificar los puntos de ruptura y a evaluar los costes y beneficios de las decisiones estratégicas en curso. Cada uno de ellos combina dinámicas internas — equilibrio entre las “varias Israel”, relación entre instituciones y “Estados profundos”, evolución de la sociedad — con variables externas — posicionamiento de Estados Unidos, transformaciones del sistema regional, trayectoria del orden global.

El primer escenario es el de una victoria estratégica israelí en el sentido clásico: consolidación de la supremacía militar, fragmentación irreversible de los actores palestinos, normalización progresiva con los Estados árabes, integración plena en las redes económicas y tecnológicas regionales y globales. En este horizonte, Gaza se estabiliza como un enclave desmilitarizado y subordinado, Cisjordania queda troceada en cantones bajo soberanía israelí de facto, y la causa palestina se reduce a un problema humanitario y de gestión administrativa. Israel refuerza su papel como potencia media de alta tecnología, estrechamente alineada con Estados Unidos y con un margen de maniobra creciente hacia Asia. El coste de este escenario, sin embargo, es elevadísimo: institucionalización de un régimen de desigualdad estructural entre judíos y palestinos, erosión de la democracia liberal interna, aislamiento creciente frente a amplios sectores de la opinión pública global y, a largo plazo, riesgo de una deriva abiertamente apartheid.

El segundo escenario es el de una escalada incontrolada hacia una guerra regional que desborde las intenciones iniciales de los actores. Una extensión del conflicto con Hezbolá, ataques cruzados con Irán, la desestabilización de Jordania o de Egipto, o un colapso súbito de la Autoridad Nacional Palestina podrían desencadenar una espiral de violencia difícil de contener. Israel, aun manteniendo su superioridad militar, se vería obligado a gestionar múltiples frentes simultáneos, con costes humanos, económicos y políticos crecientes, mientras Estados Unidos se encontraría atrapado entre la necesidad de apoyar a su aliado y el temor a una implicación directa en una nueva guerra en Oriente Medio. El resultado podría ser un Israel formalmente victorioso en el plano militar, pero mucho más dependiente de Washington, debilitado económicamente, polarizado internamente y más expuesto a formas de delegitimación a escala global.

El tercer escenario es hoy minoritario, pero no imposible: una recomposición gradual del conflicto en torno a formas de coexistencia política más igualitarias. No se trataría necesariamente de una simple vuelta a la “solución de dos Estados” en su versión clásica, ya superada por las realidades del terreno, sino de fórmulas híbridas de Estado binacional, confederal o de ciudadanía compartida, en las que judíos y palestinos disfrutarían de derechos políticos paritarios en un marco institucional complejo. Un escenario de este tipo requeriría transformaciones profundas tanto dentro de Israel —superación del actual equilibrio entre componente liberal y componente nacional-religioso, reconfiguración de las relaciones entre Estado y religiones, aceptación de una redefinición del proyecto sionista— como en el campo palestino, donde sería necesaria una reunificación política y un abandono explícito de la lógica de destrucción del Estado judío.

En los tres casos, el futuro de Israel aparece ligado tanto a la evolución de sus equilibrios internos como a la transformación del orden mundial. Un sistema internacional más fragmentado, con una competencia cada vez más intensa entre Estados Unidos y China, reduce el margen para presiones coordinadas y grandes acuerdos multilaterales, pero aumenta al mismo tiempo el coste reputacional de los conflictos prolongados y de los regímenes de ocupación permanente. El Israel que emergerá de la próxima década dependerá de cómo su clase dirigente — o no— gestione esta tensión entre hybris geopolítica y límites estructurales, entre ambición de supremacía y necesidad de una nueva arquitectura de convivencia.

12. Conclusión: Israel entre supervivencia e hybris

La historia de Israel es, desde el principio, la historia de una angustia existencial y, al mismo tiempo, de una extraordinaria capacidad de iniciativa. Estado pequeño, rodeado de enemigos, nacido de las cenizas de la Shoah, Israel ha logrado en pocas décadas construir una economía avanzada, un aparato militar de primer orden y una capacidad de influencia regional muy superior a su tamaño. Esta trayectoria alimenta una percepción doble y contradictoria: por un lado, la convicción de estar siempre al borde de la destrucción; por otro, la certeza de ser una potencia capaz de moldear de forma duradera su entorno estratégico conforme a sus propios intereses.

La clave interpretativa adoptada en este ensayo sostiene que, en las últimas décadas, el péndulo se ha desplazado cada vez más de la lógica de la mera supervivencia hacia una lógica de hybris geopolítica. La búsqueda de seguridad ya no se limita a impedir un nuevo 1948 o un nuevo 1973, sino que se traduce en proyectos de expansión territorial, en la voluntad de reordenar el espacio regional y en tentativas sistemáticas de redibujar el equilibrio demográfico entre el Mediterráneo y el Jordán. Gaza se convierte en el lugar donde esta lógica se manifiesta de manera más brutal: la guerra total contra Hamás se superpone a un intento de reconfigurar de fondo la presencia palestina, reducirla, fragmentarla y someterla a un control permanente.

Esto no significa negar la realidad de las amenazas ni el derecho de Israel a existir y a defenderse. Significa, más bien, reconocer que la mezcla de imperativos de seguridad, ambiciones territoriales, ingeniería demográfica y dependencia estratégica de Estados Unidos ha producido un sistema en el que la seguridad de unos se apoya en la inseguridad estructural de otros. El entorno regional que surge de las guerras de las últimas décadas es, al mismo tiempo, producto y contexto de la política israelí: un espacio caracterizado por Estados frágiles, conflictos crónicos, sociedades traumatizadas y formas de hostilidad difusa que alimentan la sensación israelí de asedio permanente, pero que también son el resultado de sus propias decisiones estratégicas.

El punto crítico concierne, finalmente, a la relación entre Israel y su principal aliado. Para amplios sectores de las élites estadounidenses, el apoyo al Estado judío se ha convertido en un elemento casi indiscutible de su interés nacional. Sin embargo, la competición con China, el desgaste de las intervenciones militares en Oriente Medio, la polarización interna y el cambio generacional podrían, con el tiempo, erosionar esta convergencia automática. El respaldo a Israel no es gratuito: comporta costes reputacionales, complica las relaciones con el mundo árabe-musulmán y con el Sur Global y dificulta la construcción de coaliciones más amplias sobre los grandes desafíos globales, desde el clima hasta la gobernanza económica.

Es en esta tensión entre supervivencia e hybris donde se juega el futuro del Estado judío. Mientras la matriz estratégica descrita en estas páginas — control demográfico, expansión territorial, fragmentación de los vecinos, dependencia de Estados Unidos — siga funcionando como un horizonte no cuestionado, el sistema tenderá a reproducir las mismas dinámicas de conflicto, ocupación e inestabilidad. Incluso cuando produzca resultados aparentemente ventajosos a corto plazo, será difícil para las élites israelíes poner en tela de juicio un modelo que garantiza la superioridad militar y la cobertura diplomática, pero que, al mismo tiempo, bloquea cualquier salida política estructural y convierte la dependencia de un aliado externo en un callejón sin salida. La pregunta de fondo, a la que ningún plan de paz ha dado todavía una respuesta convincente, es si un proyecto nacional basado en la primacía de una sola comunidad puede convivir de manera estable en el mismo espacio con otro pueblo que reivindica derechos análogos de arraigo, autonomía y reconocimiento.