En 2022, Pedro Sánchez, primer ministro de España, comunicó en Barcelona la aprobación de la medida de amnistía a favor de los nueve independentistas catalanes encarcelados por la organización del referéndum de 2017. La elección de la amnistía – que extingue el delito y cancela la condena – y no del indulto – que se limita a perdonar la pena impuesta – fue tomada por el Gobierno para crear las condiciones de una pacificación nacional, de una concordia social y de una superación de los enfrentamientos – también violentos – ocasionados por las reivindicaciones independentistas. No faltaron, sin embargo, motivaciones de conveniencia electoral y de necesidad de apoyo político en sede institucional.
La amnistía fue acogida con satisfacción por los independentistas, el clero local, las organizaciones empresariales y, en general, la sociedad civil catalana. Sin embargo, desató una fuerte reacción del centro-derecha español, que se opuso a la amnistía.
Independentismo catalán: raíces históricas y contexto actual
La idea de una Cataluña independiente hunde sus raíces en la Edad Media y, a lo largo del siglo XIX, emerge como idea clave del catalanismo moderno: un movimiento cultural y político que exaltaba la cultura, la lengua, la historia y las peculiaridades económicas de Cataluña. Fue entonces cuando se consolidó un nacionalismo catalán y el poeta Joan Maragall fijó la fecha del 11 de septiembre de 1714 – fecha poco apropiada – como símbolo de la Renaixença.
Durante el siglo XX, Cataluña vivió fases alternas: la Segunda República le reconoció una amplia autonomía con el Estatuto de 1932, posteriormente, Franco sofocó la lengua y el autogobierno y, finalmente, en 1978, la Constitución española confirmó un estatuto autonómico basado, sin embargo, en la “unidad indisoluble” de España.
El actual procés independentista que conduce al referéndum de 2017 nace en gran parte después de 2010, cuando el Tribunal Constitucional, en nombre de la unidad nacional, invalidó partes del nuevo Estatuto autonómico aprobado en 2006, reforzando así en los catalanes la percepción de la marginalidad de Barcelona en el marco español.
Actores políticos y posiciones institucionales
En el panorama catalán, las fuerzas políticas independentistas incluyen a Junts per Catalunya (el partido del expresidente Carles Puigdemont, heredero del antiguo CDC/PDeCAT), a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a la izquierda radical de la CUP. Todos sostienen el derecho a un referéndum sobre la independencia, aunque ERC apoya negociaciones con Madrid, mientras que Junts y CUP presionan verbalmente por vías más radicales.
Los partidos unionistas (o federalistas) comprenden al PSC (socialistas catalanes vinculados al PSOE nacional), al PP y a Ciudadanos (centro-derecha nacionalista), que rechazan la salida de España y auspician, en cambio, reformas constitucionales para un mayor descentralismo. Finalmente, Vox, partido de la derecha extrema que rechaza cualquier compromiso en torno a la cuestión de la independencia catalana.
El Gobierno español, defendiendo oficialmente la Constitución, no reconoce derecho alguno a la autodeterminación separada y ha declarado ilegítima toda aspiración separatista. Sin embargo, desde 2018 la estrategia de Madrid ha oscilado entre la represión – bajo los gobiernos de derechas – y las concesiones – bajo los gobiernos de izquierdas. Mariano Rajoy (PP) aplicó el art.155 (suspensión de la autonomía catalana) y se abrieron procedimientos penales contra los líderes independentistas. Pedro Sánchez (PSOE) abrió una “mesa de diálogo” con Barcelona y negoció una amnistía para los líderes del referéndum de 2017, además de acordar un nuevo pacto financiero sobre la fiscalidad catalana. Pero el Tribunal Supremo limitó la amnistía, excluyendo los abusos de fondos públicos por los que Puigdemont sigue siendo investigado.
La Corona española se ha alineado sin reservas en la defensa de la unidad nacional. En una inédita declaración del 4 de octubre de 2017, el rey Felipe VI acusó a las autoridades catalanas de «empujar a la ruptura de la unidad de España» y de «despreciar el sentimiento de solidaridad que une a todos los españoles». El discurso real no mencionó el fraude electoral ni la violencia policial, subrayando únicamente la salvaguarda del marco constitucional.
El sistema judicial – desde el Tribunal Constitucional hasta el Supremo – ha reiterado la violación de la ley por parte del referéndum; en 2019, el Tribunal Supremo condenó a largas penas de prisión a los líderes que organizaron la consulta y la Declaración de independencia de octubre de 2017, acentuando la fractura institucional.
Finalmente, en el plano internacional la Unión Europea se ha mantenido sustancialmente al margen de la disputa, definiéndola como “asunto interno” de España, mientras que el gobierno catalán en el exilio ha intentado, sin éxito, obtener apoyo en otros países.
Principales desarrollos desde el 2017 hasta al 2025
El referéndum sobre la independencia del 1 de octubre fue considerado inconstitucional por Madrid. Su desarrollo estuvo marcado por la violencia de la Guardia Civil, que cerró los colegios, lo que forzó el cierre anticipado de la votación. A pesar de la detención de funcionarios, el resultado autoproclamado fue del 90% de «sí» (pero con solo un 43% de participación). El 27 de octubre, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la República catalana, empujando al Gobierno central a aplicar el art.155: la Generalitat fue intervenida y se convocaron nuevas elecciones regionales.
En diciembre de 2017, en las elecciones anticipadas (21-D) los partidos independentistas (ERC, Junts, CUP) obtuvieron una mayoría de escaños (70 de 135) pero no de votos. El líder Junqueras (ERC) y otros funcionarios fueron encarcelados mientras Puigdemont se refugió en Bélgica. En 2018, el nuevo presidente, Quim Torra (Junts), prosiguió con la estrategia de confrontación. En 2019, el Tribunal Supremo dictó, en junio, duras condenas (hasta 13 años) por sedición contra varios exministros catalanes. Esto generó protestas extendidas, pero sin dar lugar a un nuevo referéndum. En España, la inestabilidad llevó a dos elecciones políticas (en abril y noviembre) tras que los socialistas no obtuvieran los votos necesarios en el Parlamento. Solo en enero de 2020 se instauró un nuevo gobierno PSOE–Podemos, fuertemente minoritario, que se comprometió a dialogar sobre Cataluña.
En el bienio 2020-2021, el diálogo institucional tardó en despegar, también por la pandemia. En febrero de 2021 se celebraron nuevas elecciones catalanas: el PSC (socialistas) fue el partido más votado, mientras que la coalición independentista siguió siendo mayoritaria en la asamblea. Pere Aragonès (ERC) se convirtió en presidente de la Generalitat en coalición con Junts. A nivel nacional, el Gobierno Sánchez abrió una mesa de negociación (“Taula per la democràcia”), pero los resultados fueron escasos.
En 2022, para asegurar el apoyo parlamentario del ERC, el ejecutivo español negoció varias concesiones. En diciembre de 2022, fue aprobada en el Parlamento una ley de amnistía que archivaba los procedimientos por los hechos relacionados con el procés (referéndum de 2017, manifestaciones, votaciones internas). Ese mismo mes ERC se abstuvo en la votación para la elección del primer ministro para permitir la investidura de Sánchez, a cambio de la promoción de un inédito pacto fiscal (similar al modelo vasco) para Cataluña.
En mayo de 2023 se celebraron elecciones regionales: los socialistas catalanes (PSC) recuperaron el liderazgo en Barcelona, mientras que los partidos independentistas perdieron algunos escaños, pero mantuvieron una incierta mayoría parlamentaria. El escrutinio dejó, sin embargo, espacio para confusiones políticas: después de meses de negociaciones fallidas, en noviembre de 2023 Aragonès disolvió el Parlamento catalán y convocó nuevas elecciones. El Gobierno español, mientras tanto, llevó a cabo el plan fiscal: a finales de año se aprobó un acuerdo marco mediante el cual Barcelona adquiere competencias extraordinarias para la gestión de los impuestos.
Durante todo 2024 la situación permaneció tensa. El 27 de marzo de 2025, el instituto oficial CEO publicó el nuevo Barómetro político: el “sí” a la independencia había bajado al 38 % (mínimo histórico) mientras que el 54 % estaba en contra. Entre los partidos, Junts y CUP declaran hoy la voluntad de pedir aún un referéndum, pero la pérdida de unidad interna (la escisión ERC–Junts en 2024) debilita al frente separatista.
En el lado español, la administración Sánchez está sostenida de manera frágil por pequeñas fuerzas (entre ellas ERC), y la derecha, a la oposición (PP, Vox), promete abrogar las concesiones si regresa al poder. En el ámbito europeo, Cataluña está relegada a “cuestión interna”, aunque el éxito del PSC en las elecciones europeas ha demostrado una menor influencia separatista y ha permitido al Gobierno español cambiar su posición, alinearse con el plan de la UE y reconocer a Kosovo.
Encuestas y apoyo independentistas
Hoy los datos muestran una clara caída del apoyo popular a la independencia catalana. En 2017, diversas encuestas señalaban una situación de paridad. Por ejemplo, un barómetro del gobierno catalán de octubre de 2017 mostraba que el 48,7% de los catalanes estaban a favor de la independencia y el 43,6% en contra. Una encuesta comparable de marzo de 2017 registraba, en cambio, el 44,3% de “sí” frente al 48,5% de “no”. En conjunto, a finales de 2017 casi la mitad de los catalanes declaraba querer la secesión.
Esta tendencia ha cambiado drásticamente en los años siguientes. Los últimos barómetros del CEO señalan caídas continuas del “sí”. En el tercer trimestre de 2024, el apoyo a la separación había bajado alrededor del 40%, frente a un 54% en contra. En el primer barómetro de 2025 esa brecha se ha ampliado aún más: solo el 38% de los catalanes hoy votaría por un “estado catalán” independiente, mientras que el 54% se mantendría contrario.
Paralelamente, la población española en su conjunto se ha alineado tradicionalmente, en amplia mayoría, contra la independencia catalana. Una encuesta nacional de septiembre de 2017 mostraba que el 60,3% de los españoles quería que Madrid impidiera el referéndum, frente al 29% que lo habría autorizado. No existen encuestas recientes similares a escala nacional, pero no parece haber un vuelco: el apoyo al español sigue siendo ampliamente a favor de la unidad del país.
Las motivaciones económicas del independentismo
Las motivaciones económicas constituyen uno de los pilares fundamentales del independentismo catalán. La percepción de un tratamiento fiscal injusto por parte del Estado central español ha alimentado el descontento y reforzado las aspiraciones secesionistas. Cataluña es una de las regiones económicamente más fuertes de España y contribuye de manera significativa al presupuesto nacional. Sin embargo, existe un marcado desequilibrio entre lo que la región aporta al Estado central y lo que recibe en términos de gasto público.
En 2021, Cataluña contribuyó con el 19,2% de los ingresos totales del Gobierno español, mientras que recibió solo el 13,6% del gasto total del Estado. Excluyendo las transferencias vinculadas a la seguridad social, la brecha se acentúa aún más: solo el 9% del gasto discrecional estatal fue destinado a Cataluña. Este desequilibrio ha llevado a un déficit fiscal estimado en torno al 10% del PIB regional, una cifra significativamente superior a la de regiones económicamente fuertes de otros países, como California o Nueva York, en Estados Unidos, donde el déficit fiscal ronda el 4%.
Además, mientras que regiones como el País Vasco y Navarra disfrutan de un régimen fiscal especial que les permite recaudar y gestionar directamente los impuestos, Cataluña está sujeta al régimen común, en el que los ingresos fiscales se centralizan y luego se redistribuyen. Este sistema ha alimentado la percepción de injusticia fiscal entre muchos catalanes, quienes ven una parte significativa de sus recursos transferida a otras regiones sin un retorno adecuado en términos de inversiones y servicios.
Además del déficit fiscal, muchos catalanes se quejan de una crónica infradotación de las inversiones públicas por parte del Estado central. Sectores clave como la sanidad, la educación y las infraestructuras suelen citarse como ejemplos de esta negligencia. Por ejemplo, la red ferroviaria regional y las infraestructuras viarias han sido objeto de críticas por la falta de inversiones adecuadas, a pesar de que Cataluña es una de las principales regiones industriales y turísticas del país.
En los últimos años, la cuestión del déficit fiscal y la gestión de los recursos se ha vuelto central en el debate político catalán. Las demandas de un nuevo pacto fiscal que garantice a Cataluña una mayor autonomía en la recaudación y gestión de los impuestos han estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno regional y el central. Sin embargo, a pesar de algunas concesiones, como la aprobación de un nuevo acuerdo fiscal en 2023, muchos catalanes consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y siguen sosteniendo la necesidad de un control más directo sobre los recursos económicos de la región.
A la luz de las tensiones económicas y políticas, una de las soluciones propuestas es la adopción de un modelo de federalismo asimétrico, que reconozca las peculiaridades de Cataluña y le conceda un grado de autonomía fiscal y administrativa superior al de otras regiones.
Prospectivas futuras y estrategias del gobierno español
Hoy el independentismo catalán parece en punto muerto. Por un lado, el movimiento no ha logrado reconocimiento ni capacidad de actuar de manera unilateral, y la caída en las encuestas debilita su legitimación popular. Por otro lado, los independentistas históricos (en particular Junts y CUP) siguen defendiendo el referéndum como línea de fondo, mientras que ERC prefiere centrarse en las negociaciones y en las autonomías. El escenario futuro dependerá de dos factores clave: la evolución del apoyo popular y la respuesta de Madrid.
Las autoridades españolas disponen de tres palancas principales: la represión legal, el diálogo político y la reforma institucional. En perspectiva, el Gobierno podría empujar más allá de esta línea, incentivando formas de federalismo fiscal (al estilo vasco) o cambios constitucionales modestos para reducir la demanda independentista. Sin embargo, la Constitución de 1978 dificulta el reconocimiento del referéndum o de la autodeterminación.
Por el contrario, la oposición de derechas en España invoca un regreso a la línea dura: el líder del PP, Feijóo, ya ha pedido abrogar la amnistía y restablecer las plenas sanciones si vuelve al poder. Si las tensiones volvieran a encenderse (por ejemplo, con nuevas declaraciones unilaterales de Barcelona), Madrid podría de nuevo recurrir a los tribunales y al veto constitucional.
En el plano internacional, Cataluña difícilmente obtendrá reconocimientos: la UE ha aclarado que no permitiría el acceso inmediato de una “Nueva Cataluña” al espacio europeo, y los grandes Estados no muestran particular interés en esta cuestión. Para la Unión Europea, la situación catalana ha tenido repercusiones negativas en la política exterior española, desalineándola inicialmente respecto de la línea común sobre la cuestión de Kosovo.
En definitiva, es probable que la cuestión catalano-española continúe en carriles institucionales lentos: por un lado, el liderazgo independentista intentará mantener vivo el proyecto de un referéndum legal (también a través de iniciativas parlamentarias); por otro, Madrid intentará desplazar la atención hacia reformas prácticas (financieras, sociales), manteniendo firme la línea constitucional. La misma amplia caída del apoyo a la independencia sugiere que, sin nuevos choques políticos, este podría estabilizarse en niveles moderados. Las políticas futuras de Madrid – ya sean de apertura (esfuerzos de diálogo, transferencias de competencias) o de intervenciones coercitivas (leyes, tribunales) – moldearán la trayectoria efectiva del movimiento secesionista catalán en los próximos años.
Conclusiones geopolíticas
En 2017 el independentismo no era mayoritario en Cataluña. Las élites independentistas, conscientes de la debilidad del espíritu independentista, forzaron al Estado español a intervenir. El objetivo independentista era levantar a una población indignada por las represiones policiales y por la línea dura del gobierno de derechas, que excluía cualquier compromiso e incluso el diálogo sobre las aspiraciones catalanas. Una maniobra táctica, común en estas situaciones, en la que la ofensa también moviliza a los más moderados – en este caso, los autonomistas – a salir a la calle junto a los independentistas para rebelarse – según la narrativa catalanista – contra los abusos de un Estado central violento y cerrado al diálogo. Pero esta táctica fracasó. La “represión” de Madrid, desde la intervención policial hasta la aplicación del art.155, no generó indignación suficiente para una rebelión, sino solo tensiones momentáneas.
Dos factores explican este curso. Un primero externo. Ningún país europeo – a pesar de los esfuerzos diplomáticos catalanes anteriores y contemporáneos al referéndum – mostró solidaridad con Cataluña. Y ningún país hizo suya la causa; apoyó financiera y materialmente el movimiento independentista, considerándolo necesario en estas situaciones históricas. Esto se justificó por un lado por las preocupaciones por los movimientos independentistas internos (en Italia, Alemania, Reino Unido) y por la voluntad de no crear problemas a España
Un segundo factor interno explica el fracaso: la composición demográfica de Cataluña, con una edad media elevada y una cultura economicista poshistórica, bien representada por la burguesía catalana. Por razones demográficas, la sociedad catalana carece del aliento juvenilista, violento, necesario para un enfrentamiento con el Estado; además, su condición privilegiada, acomodada – donde la gente tiene mucho que perder en estas situaciones – no justifica un salto al vacío por un sentimiento no tan profundo y, además, sin ayuda externa. La Unión Europea había dejado claro desde el inicio que una Cataluña independiente no formaría parte de los Estados comunitarios y debería iniciar el habitual proceso de aceptación, probablemente obstaculizado por España.
En conclusión, es necesario aclarar que España no es una nación, sino una colección de comunidades regionales que son los restos de un imperio. El País Vasco y Navarra no son de lengua indoeuropea y Catalunya y el Pais Valencià tienen un idioma y una historia propios. Por tanto, España, como el Reino Unido y, en cierto modo, también Alemania, está destinada a enfrentarse a estas fuerzas centrípetas regionales. Será difícil para el grupo étnico dominante – los castellanos – mantener unido el estado, aunque Madrid haya ganado esta batalla. La percepción de ser nación de Cataluña no se borra con un acuerdo económico y está destinada a reflorecer en el futuro. También porque faltan a España amenazas exteriores o campañas de colonización que podrían recomponer interiormente el Estado o aliviar tensiones regionales violentas.
Mucho dependerá también del papel internacional de Estados Unidos, que hasta hoy ha garantizado la paz en Europa, y de las rivalidades entre países europeos que un día podrían volver a los conflictos seculares. En un futuro, alguno, quién sabe, podría estar interesado en desestabilizar España apoyando movimientos independentistas.
